A lo largo de mis 15 años como Controller he advertido la necesidad de que exista esta misma figura en el lado de la administración pública. Un profesional formado con esta misma orientación, objetivos y “lenguaje” para evitar que las relaciones público-privadas en las contrataciones públicas se planteen como un encuentro de intereses contrapuestos.
Un Controller en cada lado de la mesa
Tanto en las empresas como en los organismos públicos es importante la existencia de un profesional como el Controller a la hora de tratar los aspectos relacionados con la contratación pública. Esta figura, en ambos lados de la mesa, solo aporta beneficios. Por una parte, la necesaria visión global y transversal del funcionamiento del mercado, de las organizaciones participantes y de los requisitos del servicio a prestar. Por otra, la experiencia y alta competencia necesaria para equilibrar las necesidades y expectativas de los integrantes del ecosistema público-privado.
Objetivos de la contratación pública
La contratación pública persigue un doble objetivo. Por un lado, el de ser una herramienta eficaz y estratégica para implementar políticas públicas; por otro, el de ser un catalizador de la aportación directa e indirecta a la dinamización de la economía, el crecimiento económico y la creación de empleo. En este sentido, las instituciones públicas en todas sus formas (estatal, autonómica o local) utilizan la contratación pública para llevar a cabo su finalidad, que no es otra que el bienestar social.
Tres empresas de media por expediente
En España, el nivel de gasto de la contratación pública durante 2022 supuso el 11,49% del PIB, porcentaje que está por debajo del promedio de Alemania, Francia e Italia, y el 22,71% del total del gasto público. En este mismo ejercicio, el volumen de licitaciones en los diferentes sectores públicos españoles ascendió a 96.855 millones de euros, con un total de 162.086 expedientes de contratación a los que acudieron de media tres licitadores, según el informe anual de 2022 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (Oirescon).
Por tanto, la actividad anual de contratación en el sector público supone una interacción significativa entre las diferentes administraciones y las empresas en la que el entendimiento entre los interlocutores es importante.
Marco regulatorio de la contratación pública
Como no puede ser de otra forma, la legislación española establece el marco regulatorio de todos los aspectos fundamentales de la contratación pública y de las relaciones del ecosistema entre empresa y administración pública, haciendo especial hincapié en los aspectos económicos del contrato.
En ese sentido, la Constitución Española en su artículo 31.2 establece que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución”.
Asimismo, el artículo 100 de la LCSP. Presupuesto base de licitación. 2. indica que “en el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado desglosando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación”.
Satisfacer los intereses del ecosistema público-privado
Por tanto, el cálculo del precio base de licitación, desde el punto de vista de la administración pública, o el coste de ejecución, desde el punto de vista del licitador del contrato, se antoja un aspecto vital del servicio público. Ambos parámetros deben ser calculados de forma que satisfagan los intereses del ecosistema público-privado desde una doble perspectiva.
Perspectiva pública
Es primordial que la administración calcule correctamente el precio base de licitación a fin de que sea eficaz y eficiente la gestión de las cuentas públicas. Es decir, de forma que permita ejecutar el contrato con calidad y a la vez sea justa y atractiva para los potenciales licitadores. Esta perspectiva debe buscar la competencia como elemento de mejora de precios, calidad e innovación.
Se trata de una cuestión de especial relevancia puesto que, según el Estudio Anual Contratación Pública en España 2022 realizado por el Gobierno, el número de contratos con una o ninguna oferta en ese ejercicio supera el 47%, lo que pone de relieve los problemas que existen en la determinación del precio y su efecto en la concurrencia pública.
Perspectiva privada
Es fundamental que el licitador analice los requisitos técnicos, jurídicos y económicos establecidos en los pliegos para traducirlos en una oferta económica competitiva y a la vez rentable para su empresa. Además, posteriormente, durante la fase de ejecución del contrato, debe realizar el necesario seguimiento y control de forma que se garantice el resultado esperado tanto en lo económico-financiero como en su ejecución material. Cuestiones que son de interés tanto para la Administración como para la empresa.
Controller, la figura que facilita el equilibrio
Y aquí es donde la existencia de la figura del Controller en los dos ámbitos contribuye a la realización de cálculos equilibrados y, por tanto, con más posibilidades de éxito.
La intervención del Controller público permitirá a la administración la determinación de las condiciones económicas de contrato que serán la base para que, desde la empresa, se determine por parte del Controller empresarial las mejores y más competitivas condiciones económicas a ofertar, persiguiendo en ambos casos el mismo objetivo: la ejecución eficaz y eficiente del servicio público.